II. Derecho humano al internet y derechos digitales. Inclusión y brecha digital

El reconocimiento del derecho humano al internet se ha ido gestando desde hace varios años. En el año 2000, el Parlamento de Estonia aprobó una ley que estableció el acceso a internet como un derecho básico para todas las personas. En 2009, Finlandia también aprobó una norma similar que garantizaba una velocidad mínima de un megabit por segundo para todas las conexiones a internet de banda ancha. A partir del 1 de julio de 2010, se implementó una ley en Finlandia que reconoció oficialmente el acceso a internet como un derecho. Por otro lado, en 2008, Suiza garantizó una conexión a internet con una velocidad de descarga de al menos 600 kbit/s y una velocidad de subida de 100 kbit/s, a un precio de 69 francos suizos. Estos ejemplos destacan cómo estos países reconocieron el derecho de las personas a tener acceso a internet de alta velocidad antes de que la comunidad internacional en su conjunto lo hiciera (Anzures Gurría, 2020).

En el año 2011, durante la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se emitió una declaración de gran importancia en el reconocimiento del derecho humano a internet. Dicha declaración afirmó que el acceso a internet debe ser considerado como un derecho humano fundamental. ¿Por qué?: porque se reconoce que el internet es una herramienta poderosa y esencial que contribuye al desarrollo y avance de la sociedad en su totalidad. Al brindar acceso a internet, se fomenta el crecimiento económico, la educación, el intercambio de información, el fortalecimiento de la participación ciudadana y, en general, la mejora de la calidad de vida de las personas.

Posterior a la declaración de la ONU, pasarían años para la formalización generalizada del derecho humano al internet tanto a nivel internacional como nacional. En el caso de México, en 2013 se reformó el artículo 6.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para reconocer el derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo banda ancha e internet.

De todo este contexto y avance tecnológico surge la necesidad de proteger los derechos humanos en el mundo digital (Konrad Adenauer Stif- tung, 2019), los que en él toman el nombre de “derechos digitales”. En otras palabras, los derechos digitales se refieren a temas relacionados con el ejercicio y la protección de los mismos derechos fundamentales para todos los seres humanos, como la libertad de expresión, la privacidad, el acceso a la información, al olvido, a la protección de datos personales, a la propiedad intelectual, a la educación, a la seguridad, a la identidad y a la no discriminación (neutralidad de la red) pero en el contexto de internet, las redes sociales y la tecnología.

En este tenor, resulta preocupante cómo las herramientas digitales están avanzando más rápido de lo que el derecho les ha podido seguir el ritmo, por lo que nos encontramos ante múltiples lagunas que posibilitan la violación impune de derechos humanos, desde la falta de acceso a internet que por sí sola genera una brecha digital inmensa, hasta la permisión (por omisión) de prácticas en el mundo digital que violentan derechos, amparadas por instrumentos normativos desfasados de la realidad actual. A continuación, y a manera de ejemplo, haremos un breve análisis de un derecho humano y su normativa en la esfera digital: el derecho a la protección de datos personales.