Las personas con discapacidad se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que son personas que no pueden valerse por sí mismas la mayoría de las veces, porque no tenemos una cultura de unificación y no hay infraestructura para hacer frente a las necesidades de las personas con discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud

estima que el 10 % de la población tiene algún tipo de discapacidad.

En 2006 se aprueba la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad. (Lara, 2013, p. 81)

La discapacidad es un problema de cultura y social, ya que la sociedad es la que limita la libertad de las personas con discapacidad, puesto que no hay una cultura de vernos a todos como personas con diferentes necesidades a las que hay que hacer frente, incluyendo a las personas con discapacidad, para planear el desarrollo social en todos los sentidos, desde la infraestructura de las ciudades hasta las leyes que aseguren que toda la sociedad va a gozar de derechos de manera igualitaria; por ejemplo, los laborales, para que sean personas autosuficientes e independientes económicamente, y de todos los demás derechos que están escritos en las leyes. Así como la incorporación a la sociedad de manera integradora, sin discriminación.

El bienestar social es un estado final en el que se cumplen las necesidades humanas básicas y las personas pueden convivir pacíficamente en comunidades con oportunidades de progreso. Este estado final se caracteriza por el acceso equitativo y la entrega de servicios básicos (agua, alimentos, refugio y servicios de salud), la provisión de educación primaria y secundaria, el retorno o reasentamiento de los desplazados por conflictos violentos y la restauración del tejido social y la vida comunitaria.” (INEE, 2023).

Para lograr una mayor inclusión social, debemos atender a tres elementos importantes: mayor inversión en infraestructura, en educación y en temas ambientales. (Santiago, 2018).

Es importante señalar la diferencia entre el Estado social y un Estado paternalista, el cual ha sido un modelo desde hace muchos años.

El Estado social promueve el desarrollo progresivo de los derechos y crea modelos constitucionales inamovibles para generar certidumbre y garantía de los derechos y que no sean solo políticas públicas de cada gobierno. El Estado paternalista es el que genera políticas públicas que hacen completamente dependientes a los ciudadanos de los programas de gobierno, lo cual genera un problema porque no acaba con la raíz y con los verdaderos obstáculos que generan el rezago de la población pobre y la población en situación de vulnerabilidad. Incluso este tipo de políticas pueden agravar y generar una mayor brecha entre la población con oportunidades y condiciones y la población que carece del acceso a dichas oportunidades.

La inclusión social en el municipio de Querétaro, perteneciente al estado de Querétaro, es una labor pendiente, pues en el tema de movilidad para personas con discapacidad visual, vemos que a veces es imposible su traslado, ya que la infraestructura de la ciudad no está pensada y basada en la visión de unificación.

Existen pocas políticas públicas de infraestructura y acciones respecto al tema. Es importante mencionar que el marco normativo de inclusión es muy escueto y no es garante de los derechos de los que deben gozar las personas con discapacidad en el municipio de Querétaro.

Para considerar que las calles son construidas con visión incluyente, deben tener varias características pensadas en que cualquier persona pueda utilizarlas: entre ellas un buen espacio para caminar con bastón, para andar en silla de ruedas, sin obstáculos con los que se pueda chocar, superficies antiderrapantes, pavimento podotáctil, señalizaciones y semáforos audibles, entre otras características.

En la ciudad de Querétaro, la mayoría de las calles tiene banquetas que miden alrededor de 80 cm de ancho, obstruidas por postes, señalizaciones mal ubicadas y techos de los comercios. Por lo menos esto es muy visible en el primer cuadro de la ciudad, que es, incluso, el atractivo turístico.

Según el panorama sociodemográfico de México 2020 del INEGI, el 4.1 % de la población tiene alguna discapacidad, de la cual el 19 % son adultos de 60 años o más; el 3.2 % son personas de 30 a 59 años; el 1.8 % son personas de 18 a 29 años y el 1.8 % son menores de 0 a 17 años, del total de la población del estado de Querétaro.

Hablando del municipio de Querétaro, con una población de 1 049 777 que representa el 44.3% de la población estatal, el 3.7 % tiene una discapacidad, de la cual el 16.9 % son adultos de 60 años o más; el 2.9 % son personas de 30 a 59 años; el 1.5 % son personas de 18 a 29 años y el 1.6 % son menores de 0 a 17 años, del total de la población del estado de Querétaro.

Se considera como persona con discapacidad a aquella que declaró tener mucha dificultad o no poder realizar alguna de las siguientes actividades: ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse. (INEGI, 2020, p. 27)

Las minorías han sido excluidas durante años, por lo tanto se refleja en la cultura, las costumbres, los valores, en la forma de gobernar, en la forma en la que nos comportamos todos y cada uno de los integrantes de este mundo y esta mención va en- caminada a hacer una profunda reflexión acerca de los números que arroja el INEGI en cuanto a los porcentajes de discapacidad; podemos observar que la mayoría de la discapacidad está ubicada en las personas de sesenta años en adelante, lo cual podemos presumir que una parte de este porcentaje es por enfermedad y otro tanto por la edad que finalmente se refleja en algún padecimiento crónico degenerativo como la diabetes, que en la mayoría de los casos genera ceguera o amputaciones de alguna extremidad, a lo cual estamos expuestos cualquiera de nosotros, es necesario que los ciudadanos representantes y encargados de generar los marcos normativos y las políticas públicas, además de desarrollarlas con una visión de unificación, generen las condiciones para la aplicación y la ejecución de los derechos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer artículo, hace mención de que el Estado debe ser garante de los derechos humanos y yo agregaría que deben ser ejecutables; es decir, como Estado, no solo hacer leyes y que quede en papel, el Estado debe promover las condiciones para que verdaderamente todos los ciudadanos tengan acceso a la movilidad, que ejerzan su derecho a la movilidad. Por lo tanto, cuando un gobierno planee su infraestructura deberá apegarse a que todos los ciudadanos puedan utilizar una calle, por ejemplo, y de no cumplirse esas características no podrá hacerse la obra hasta no lograr la planeación con visión de unificación.

En el municipio de Querétaro, en el periodo 2018- 2021, se ampliaron las banquetas con la visión de poner parquímetros antes de pensar en ampliarlas para que los ciudadanos puedan caminar y trasladarse de manera segura; esta visión de pensar en negocios nada más, genera hacer a un lado las necesidades humanas y desfavorece a las minorías.

Conforme a los índices emitidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., en 2022, el municipio de Querétaro fue calificado con una desviación estándar arriba del promedio, calificación media alta, como lo muestra la ilustración 4IMCO 2022 y en la imagen 5IMCO 2022, nos marca de igual manera en el semáforo que permite identificar las áreas de mejora del rubro de sociedad, el cual califica la inclusión.

Se nota una mejora en comparación con los índices anteriores, sin embargo, el tema de inclusión sigue siendo un área de oportunidad y mejora en nuestro municipio de Querétaro para generar una sociedad más justa e inclusiva y así, todos los seres humanos podamos gozar realmente de nuestros derechos otorgados en la Constitución y en las leyes que de ella emanan.

Es necesario que trabajen en sinergia sociedad y gobierno para generar de manera real un Estado social en el que todos podamos participar de manera unificada y romper esas barreras que generan segregaciones y desventajas para algunos grupos sociales, como lo son las personas con discapacidad. Es necesario reconocer que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que los derechos como la libertad y la igualdad de las personas sean reales y no solo sean un marco normativo plasmado en papel para decir “yo cumplo”. No, el Estado debe ser garante de que ese marco normativo sea real, efectivo y ejecutable.