Análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030
Dr. Juan Roberto Escañuela Trejo.
Resumen
En este artículo se analiza cómo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 aborda el complejo fenómeno del delito en México, a través de un enfoque holístico que implica no solo combatir el crimen con el uso de la fuerza, sino también mediante la implementación de cuatro ejes estratégicos que pretenden brindar atención a las causas estructurales que actúan como detonantes del delito, fomentar la consolidación de la Guardia Nacional, lograr el fortalecimiento de la inteligencia e investigación para prevenir y combatir el delito, e impulsar la coordinación absoluta entre el Gabinete de Seguridad Federal y las entidades federativas.
Palabras clave: estrategia, seguridad pública, causas estructurales del delito, Guardia Nacional, Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, coordinación interinstitucional.
Abstract
This article analyzes how Mexico’s National Public Security Strategy 2024-2030 tackles the complex issue of crime. It adopts a holistic approach that goes beyond simply using force to combat crime. Instead, it implements four strategic pillars aimed at: addressing the structural root causes that trigger crime, fostering the consolidation of the National Guard, strengthening intelligence and investigation to prevent and combat crime, and driving absolute coordination between the Federal Security Cabinet and the federal entities.
Introducción
En México, a partir de 1995, año en que se implementó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han diseñado diversas estrategias en materia de seguridad; cada una ha contado con un sello distintivo acorde a los objetivos y acciones que contemplan. Su denominación ha variado de acuerdo con el sexenio en que han tenido lugar; en el sexenio anterior, la estrategia correspondiente se denominó “Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”. En el sexenio actual, dicho instrumento se ha nombrado “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030”. El análisis de esta última es el tema central de este artículo en el cual reconoceremos las principales acciones que contempla, enfatizando en aquellas que resultan innovadoras en el contexto de la seguridad pública.
Figura 1. Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
Desarrollo
El diagnóstico
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 (ENSP, 2024-2030) se basa en un diagnóstico alimentado por datos de fuentes diversas. Entre ellos, llama la atención la aparente disminución de delitos de alto impacto que tuvo lugar en el periodo de 2018-2025. Como parte de esos delitos figura el homicidio doloso, mismo que ha sido abordado por la actual administración como una prioridad y que, a juzgar por datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 a enero de 2025 se ha visto disminuido de 100.5 a 76.5 homicidios dolosos diarios. Otros delitos de alto impacto también han reflejado estadísticas a la baja en ese mismo periodo; entre ellos se ubica el feminicidio, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, el secuestro extorsivo y el robo con violencia. Los delitos de alto impacto son los que generan mayor conmoción en la sociedad e incrementan significativamente la percepción de inseguridad entre la población, por ello, los responsables de elaborar el diagnóstico para la ENSP, 2024-2030 encontraron en los datos citados suficientes motivos para afirmar que la estrategia de seguridad pública y las acciones implementadas en el sexenio anterior lograron encaminar una serie de objetivos que requieren de más tiempo para ofrecer mayores resultados, concluyendo que se debe dar continuidad a esas acciones, fortaleciéndose en algunos de sus puntos. Es así como surgen los cuatro ejes estratégicos que analizaremos a continuación; alguno de ellos resultará novedoso, en tanto que otros solo caminarán hacia su consolidación (Gobierno de México, 2025. pp.11-13).
La atención a las causas
Como ya se señaló, el delito es producto de múltiples factores, por lo que toda estrategia que pretenda hacerle frente requiere de un enfoque holístico que contemple todas y cada una de las causas que lo generan. Esto implica reducir las desigualdades sociales generadas por la pobreza y brindar un mayor acceso a la salud digna, la educación de calidad, el empleo formal, etc., ya que muchos delitos tienen relación directa con la falta de acceso a estos servicios; por ejemplo, algunos ilícitos encuentran su génesis en los problemas de salud que enfrentan quienes los cometen, como en el caso de personas adictas o con afecciones psicológicas.
Respecto a la educación, el acceso a la misma suele formar personas respetuosas, sobre todo cuando se trata de una educación basada en valores que fomenta en el individuo una cultura de legalidad, alejándolo de cometer conductas reprochables que dañen a los demás; por el contrario, la falta de acceso a la educación reduce las oportunidades de empleo formal y bien remunerado, lo que puede conducir a la pobreza y a la desesperación. Tampoco podemos negar la relación que guarda la comisión de delitos patrimoniales (robo, abuso de confianza, fraude, etc.) con la pobreza extrema provocada por el desempleo o por la falta de un empleo formal que brinde verdaderas oportunidades de desarrollo y un retiro digno para el trabajador. Como podemos apreciar, los factores citados se encuentran íntimamente enlazados y actúan como detonantes de la conducta ilícita, por lo que toda política criminal debe contemplar su atención, generando oportunidades, principalmente para la población vulnerable (adultos mayores, mujeres, adolescentes, jóvenes, etc.).
La consolidación de la Guardia Nacional
A seis años de su creación, la Guardia Nacional (GN) ha constituido una de las principales apuestas del Gobierno Federal para hacer frente a la crisis de seguridad y a la violencia que se vive en nuestro país. En sus orígenes, esta corporación policial fue conformada por personal extraído de la Policía Militar, la Policía Naval y, en menor número, por personal que formó parte de la extinta Policía Federal. Su conformación por personal entrenado bajo procedimientos militares y bajo una doctrina castrense abrió múltiples e intensos debates en los que participaron organismos civiles y políticos que se opusieron a su creación; a pesar de ello, el 27 de mayo de 2019 entró en vigor la Ley de la Guardia Nacional, con lo cual quedó formalmente constituida.
Figura 2. Guardia Nacional, la fuerza principal en las tareas de seguridad pública
Google Gemini. (2025). Grupo de oficiales de la Guardia Nacional Mexicana en formación. [Ilustración digital]. Generado por Google Gemini.
Desde sus orígenes, y hasta la fecha, la GN sigue haciendo frente a factores que dificultan su consolidación como una fuerza armada de carácter civil, profesional y permanente, tal como lo mandata la misma Constitución. Su naturaleza heterogénea sigue confundiendo a sus integrantes, quienes no solo arrastran un pasado militar, sino reciben en el presente un entrenamiento basado en una disciplina castrense. La reforma constitucional que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2024 abrió la puerta para que la GN sea integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de la defensa nacional, incrementando, con esto, las dudas sobre su verdadera naturaleza y restando la posibilidad de considerarla como una corporación de carácter civil. Aunado a lo anterior, como en todo régimen militarizado, la GN corre el riesgo de que sus integrantes se excedan en el ejercicio de sus funciones y cometan abusos contra la población, lo que puede derivar en la pérdida de la confianza de la ciudadanía, confianza que, hasta hoy, parece que va por buen camino, pues dicha corporación es considerada como una institución con buena aceptación entre la ciudadanía, solo por detrás de la SEMAR y la DEFENSA.
Si bien es posible afirmar que la GN no ha entregado los resultados deseados, también se debe considerar que, como parte de una estrategia, requiere de más tiempo para que se consolide y se presente como una institución confiable y eficaz en el combate al crimen. La GN puede entregar buenos resultados a partir de incrementar su estado de fuerza -actualmente suma aproximadamente ciento veintidós mil efectivos- para contar con mayor despliegue operativo, también se requiere brindar a sus integrantes la capacitación continua y especializada de calidad para el desempeño de sus funciones; a su vez, se debe continuar con los procesos para certificar a sus elementos, renovar e incrementar su flota aérea y terrestre, así como mejorar e incrementar el número de cuarteles y las condiciones laborales de sus integrantes, entre otras acciones que son necesarias para posicionarla como la principal fuerza en seguridad pública en nuestro país.
El fortalecimiento de la inteligencia e investigación
En febrero de este año, fue presentado en el Congreso de la Unión un proyecto de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia que, de aprobarse, otorgará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) facultades para dirigir el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Con ello, dicha Secretaría podrá solicitar información a cualquier institución del Estado, a través del Sistema Nacional de Inteligencia, para ayudar a identificar y esclarecer posibles delitos.
Esta información será decisiva para implementar acciones tendientes a reducir la incidencia delictiva, particularmente en el caso de los delitos de alto impacto. Además, permitirá neutralizar a los principales generadores de violencia y a las redes criminales. El proyectado Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia (SNII) está diseñado para integrar diversas fuentes de información, incluyendo registros, documentos y bases de datos de los propios sistemas de inteligencia de las instituciones que lo conforman, así como de otras fuentes relevantes. Esto abarca desde datos financieros y fiscales hasta registros de armas, así como registros vehiculares y telefónicos. El propósito central del SNII es crear y mantener actualizados los organigramas criminales y mapas delictivos, además de identificar patrones de conducta, anticipar delitos y permitir un acceso en tiempo real o inmediato a la información, para generar una lucha más efectiva contra la delincuencia (Gaceta parlamentaria, 2025, p. 5).
Figura 3. Los productos de inteligencia constituyen un apoyo para la prevención e investigación del delito. Imagen de Diensh pal en Pixabay.
Esto último ha ocasionado un gran debate, ya que hay quienes consideran que las facultades que se otorgarían a la SSPC y, en específico, el acceso que tendría a toda esa información en tiempo real, acarreará una serie de violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La coordinación absoluta entre el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas
La seguridad pública no es un desafío que pueda resolverse desde una sola instancia; por el contrario, requiere un frente común y una respuesta unificada con la participación de los tres niveles de gobierno. De ahí la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones representadas en el Gabinete de Seguridad de México y de este con las autoridades estatales y municipales. El Gabinete de Seguridad es un órgano colegiado compuesto por los más altos funcionarios de seguridad del país. Su principal objetivo es dirigir y coordinar la política de seguridad para prevenir y combatir el delito y cualquier otra amenaza a la ciudadanía. El Gabinete prioriza la colaboración entre sus miembros, que incluyen, entre otros, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En sus sesiones, se analiza la incidencia delictiva, se intercambia información y se definen estrategias y acciones conjuntas de prevención, inteligencia, investigación y operaciones para estados o municipios específicos, asegurando una coordinación interinstitucional efectiva.
Con esto, la ENSP, 2024-2030 busca la articulación de acciones a través de la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir el delito mediante operaciones conjuntas, proximidad social e investigación basada en inteligencia.
La ENSP, 2024-2030 contempla la reactivación de las Mesas Interinstitucionales de Trabajo (MSI), con el objeto de trasladar las estrategias y acciones definidas por el Gabinete de Seguridad directamente al ámbito local. Estas mesas son espacios de reunión para autoridades y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Su propósito es planear e implementar acciones conjuntas para prevenir la violencia, investigar delitos complejos o prioritarios y llevar a cabo operativos coordinados (Gobierno de México, 2025. p.37).
Las MSI son sumamente necesarias, sobre todo si consideramos que existen muchas comandancias de policía que desconocen sobre la existencia en nuestro país de una Estrategia Nacional en Seguridad Pública. Las MSI son decisivas para planear e implementar operaciones conjuntas de seguridad. Idealmente, estas operaciones conjuntas se basan en una planeación estratégica, alimentada por información generada por los sistemas de inteligencia, lo que permite que las operaciones se enfoquen en problemas y objetivos concretos, ya sea para la prevención del delito o para la atención de casos específicos, como la detención de personas o el aseguramiento de inmuebles en los que opera la delincuencia. En las operaciones conjuntas, policías, militares y otras instancias trabajan de la mano para coordinar sus acciones, intercambiar información y compartir recursos.
Dentro de las operaciones conjuntas se ubican las intervenciones de alto riesgo, también conocidas como Fuerzas de Tarea. Se trata de unidades integradas por personal altamente capacitado, principalmente de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Pueden incluir miembros de la Fiscalía General de la República y de instituciones de seguridad pública estatales. Su misión principal es llevar a cabo operaciones focalizadas, como la captura de líderes criminales o generadores de violencia, o el desmantelamiento de organizaciones criminales. Estas fuerzas suelen operar de forma temporal, aunque en circunstancias excepcionales pueden hacerlo por un tiempo indefinido.
Dentro de las operaciones conjuntas, también existen las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI). Se trata de un modelo estratégico fundamental en la lucha contra la delincuencia, especialmente contra el crimen organizado. Dichas Bases se establecen en puntos estratégicos y operan bajo un mando único o coordinado, en ellas se integra personal de diversas instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Estas bases pueden ser temporales o permanentes, ubicándose, tanto en zonas urbanas como rurales con altos índices de criminalidad organizada. Entre sus principales acciones incluyen los patrullajes conjuntos, la instalación de filtros o puntos de revisión y la implementación de operativos específicos. La notoria presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas conflictivas genera un efecto disuasivo; además, el despliegue operativo de las BOI incrementa la capacidad de reacción inmediata ante emergencias o delitos en curso. La colaboración entre las instituciones facilita la generación e intercambio de información útil, lo que se traduce en productos de inteligencia esenciales para identificar y dar seguimiento a objetivos criminales. Las BOI están compuestas por personal de diversas instituciones: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) contribuye con personal para patrullajes a gran escala, así como personal para apoyo táctico y de inteligencia. La Secretaría de Marina (SEMAR) aporta fuerzas especiales para intervenciones terrestres o en zonas costeras, marítimas o fluviales, según la ubicación de las operaciones. La Guardia Nacional participa con personal sustantivo para diversas acciones operativas. Las secretarías de seguridad pública estatales y las secretarías o direcciones de seguridad pública municipales destinan personal operativo para realizar patrullajes y atender denuncias ciudadanas. Estas bases se despliegan estratégicamente en áreas identificadas como “focos rojos” debido a sus altos niveles de violencia, para combatir a la delincuencia desbordada que afecta a muchas regiones del país.
Conclusión
El objetivo principal de la ENSP, 2024-2030 es claro: lograr la pacificación del país a través de los cuatro ejes que la integran. La atención a las causas subyacentes del delito es una tarea que requiere tiempo, pues, para construir una verdadera seguridad ciudadana se requiere de empleos formales, así como de vivienda, educación, salud y espacios recreativos dignos. Como hemos visto, la atención a todos esos factores resulta insoslayable para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país. Además de la atención a las causas, la ENSP, 2024-2030 contempla ejes complementarios igual de importantes: la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de los sistemas de investigación e inteligencia y la coordinación interinstitucional.
A ocho meses de su implementación, la ENSP ha marcado su propio camino; si bien existen rasgos similares con respecto a la estrategia implementada en el sexenio anterior, es un hecho que cuenta con un sello particular que, hasta el momento, ha entregado buenos resultados. Habrá que esperar para definir su verdadero nivel de efectividad, pero hasta ahora, parece que esta estrategia dice sí a la atención a las causas, pero también dice sí al uso de la fuerza con inteligencia, a efecto de combatir a la criminalidad. Como toda estrategia, la que hemos analizado hablará por sus acciones, pero, sobre todo, lo hará por sus resultados.
Todo ciudadano y toda institución de gobierno tienen el deber de contribuir, desde su trinchera, a la estrategia citada, y la Universidad Virtual del Estado de Michoacán no es la excepción; por ello, es sumamente importante que nuestra Institución siga contribuyendo en la formación de futuros profesionales de la seguridad pública para que, desde la posición que les corresponda, puedan luchar en una batalla que vale la pena: la seguridad de la ciudadanía.
Referencias
- Gaceta parlamentaria. (2025). Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/02/asun_4837190_20250218_1739896360.pdf
- Gobierno de México. (2025). Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030.
https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/04/asun_4874274_20250408_1744153605.pdf