Desarrollo

Previo a la reforma de 1965, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2023) estableció en su artículo 18 que: …sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El lugar de ésta será distinto y estará completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas (CDHCU, 2023, art. 18).

Además, la propia disposición establecía que cada gobierno, ya fuera de la Federación o de las Entidades Federativas, debía de organizar sus sistemas penitenciarios con miras a la rehabilitación de los delincuentes y a su reinserción a la sociedad.

Aunado a lo anterior, Fix-Zamudio (2017) ha sostenido que la figura de la prisión preventiva puede analizarse en dos momentos: el primero, de la detención y el segundo, de la prisión preventiva propiamente dicha. Con respecto al cumplimiento de la prisión preventiva, hay que apuntar que es una disposición de difícil aplicación, en principio, por lo anacrónico de las instalaciones penitenciarias que se tienen en el sistema judicial. Por ello, en repetidas ocasiones se emplean las mismas instalaciones, aunque sea en distintos sectores, para los detenidos provisionalmente y los que cuentan con una sentencia firme de privación de la libertad.

La prisión preventiva en el Código Nacional de Procedimientos Penales

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) reproduce las hipótesis de la Constitución en el sentido de justificar la aplicación de la prisión preventiva. Sin embargo, establece condiciones más específicas, tales como:

1. Asegurar la comparecencia del acusado durante el juicio
2. Facilitar el desarrollo de la investigación,
3. Garantizar la seguridad de la víctima, los testigos y de la sociedad en general (CDHCU, 2021, art. 160).

También prohíbe expresamente el uso de la prisión preventiva como una forma anticipada de castigo; sin embargo, como se ha visto, esta figura actualiza la privación de la libertad de manera similar o, incluso, más restrictiva que una sentencia, pues la prisión preventiva se aplica a las personas que siguen presumiéndose como inocentes, pero que enfrentan las mismas restricciones a la libertad que una persona culpable (Moreno-Torres Herrera, 2021).

¿A qué se refiere, entonces, el carácter oficioso de la prisión preventiva? Se refiere concretamente al hecho de que, en los casos previstos por la norma, el juez está obligado a ordenar la prisión preventiva automáticamente, sin necesidad de que la parte acusadora, es decir, el Ministerio Público, lo solicite expresamente (Arteaga Sandoval, 2020). El carácter oficioso de la prisión preventiva opera en circunstancias específicas que se consideran graves, ya sea por la conducta delictiva en sí misma, o por el riesgo que el presunto culpable pueda suponer para la víctima, para la sociedad o para la aplicación de la justicia (García Ramírez, 2021).

La prisión preventiva a la luz del nuevo sistema de justicia penal

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Secretaría de Gobernación, 2008), la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal. Desde entonces, este conjunto de cambios normativos fue denominado por la comunidad jurídica de México como el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Este buscaba, en principio, el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en los procesos penales, y mejorar la eficacia en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los delitos. Por ello, se introdujeron los principios encaminados a garantizar procesos más equitativos:

1. Principio de inmediación, que busca acercar al juez a los hechos del caso para una mejor comprensión del mismo.
2. Principio de contradicción, para permitir a las partes discutir directamente sus argumentos.
3. Principio de continuidad, para evitar dilaciones innecesarias en el proceso.
4. Principio de concentración, para llevar a cabo las etapas procesales en menos actos.
5. Principio de publicidad, para garantizar la transparencia y el acceso a la justicia.

Figura 1. Principios incorporados al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, el NSJP también mantuvo instrumentos dirigidos al combate de la delincuencia organizada y estableció la obligación de aplicar la prisión preventiva oficiosa a ciertos delitos considerados como de alto impacto. Aunque estas medidas tenían como objetivo enfrentar efectivamente la criminalidad, su introducción plateó un desafío al enfoque restaurativo, que buscaba la reparación del daño como prioridad sobre la retribución punitiva. Así, la prisión preventiva oficiosa generó interrogantes sobre si era coherente con los principios del NSJP y si podía considerarse como una medida que respetara plenamente los derechos fundamentales de los imputados. Esta aparente contradicción planteó una cuestión fundamental: ¿la prisión preventiva oficiosa encaja con los objetivos del NSJP? Y, más aún, ¿es constitucional?

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una serie de resoluciones que limitan el uso de este argumento. Asimismo, en 2019, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, en la que declaró inconstitucional esta medida en los casos de delitos de delincuencia organizada. En 2020, resolvió la acción de inconstitucionalidad 106/2020, en la que declara esta sanción violatoria de derechos humanos en delitos contra la salud. Mediante esta sentencia, los criterios de la SCJN establecieron que: Se obliga a los jueces a mantener en prisión a las personas acusadas de determinados delitos, sin que exista una valoración individualizada de los riesgos procesales que justifican su imposición (SCJN, 2021).